El Tribunal Constitucional español suspendió varios artículos de las leyes trans y de protección de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid (centro), con los que se exigía a los menores trans informes y acompañamiento psicológico para iniciar un tratamiento de transición.
El tribunal admitió los recursos del Gobierno central contra la ley madrileña, al considerar que vulneran la Constitución española, son contrarios a los derechos fundamentales, suponen una «patologización» de los menores e invaden competencias exclusivas del Estado.
El objetivo del Ejecutivo era impugnar, entre otros, la excepción que se hace a la prohibición absoluta de las terapias de conversión, permitiendo el asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica, al considerar que estas prácticas en muchas ocasiones encubren las citadas terapias.
El Constitucional ya estaba estudiando la constitucionalidad de la ley trans madrileña, después de que el Defensor del Pueblo español recurriera hace tres meses el inciso que establece como «requisito necesario» para iniciar el tratamiento farmacológico que los menores «reciban apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil» si quieren acceder a terapia hormonal para cambiar de sexo.
Así como el Defensor, también el Gobierno cree que pedir un informe favorable del médico que les trata si padecen alguna enfermedad suponen una «patologización de los menores» y choca contra los derechos reconocidos en la ley trans nacional, aprobada hace un año.
Al anunciar el recurso hace un mes, la ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, consideró también «claramente discriminatorio» que la norma detalle que las personas trans pueden usar espacios o equipamientos «sin menoscabo de los derechos e intimidad del resto de usuarios, especialmente de las niñas y mujeres».
Para la ministra, esa cita da a entender que las mujeres trans ponen «en peligro los derechos del resto de mujeres».
El parlamento madrileño aprobó a finales del año pasado una modificación de las leyes LGTBi de su ámbito, de acuerdo con un compromiso electoral de la presidenta regional, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, que con el apoyo de la ultraderecha eliminó el concepto de «identidad de género» y, entre otras cuestiones, se añadió el «acompañamiento psicológico» a menores en procesos de cambio de género.
Anteriormente, expertos de Naciones Unidas elogiaron la ley trans española, que junto a la reforma del aborto consideraron pioneras en Europa y que podían servir de modelo a otros Estados en el avance hacia la igualdad.
Notiespartano/efe