El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Mujeres dijo este miércoles que está alarmado por el fuerte aumento de los feminicidios, violaciones y otros tipos de delitos sexuales, así como por la desaparición de niñas y mujeres afrobrasileñas, en particular.
En las conclusiones que este órgano de Naciones Unidas ha publicado este miércoles tras examinar la situación en Brasil (a partir de un informe del propio gobierno, así como de aportes de la sociedad civil), se pide a las autoridades que refuercen las medidas para prevenir y castigar a los autores de esos crímenes.
El Comité está a cargo del seguimiento de las políticas de los Estados para el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres y en su última reunión en Ginebra analizó los últimos datos y medidas adoptadas en una serie de países, entre ellos Brasil.
Tras ese ejercicio, los expertos que integran el Comité pidieron al gobierno que asigne recursos suficientes al programa “Mulher Viver sem Violência”, ya que considera que actualmente carece de los fondos adecuados; y que aumente el número de unidades de acogida de mujeres víctimas de mujeres de género, así como el número de “Casa da Mulher Brasileira”, que ahora solo cuenta con ocho espacios en funcionamiento.
Además, recomienda que se extienda la cobertura de las estaciones de policías de mujeres, sobre todo en las zonas rurales.
Por otra parte, el Comité se pronunció en relación al incremento «de los asesinatos de mujeres y adolescentes indígenas» en la región de Mato Grosso do Sul, y pidió medidas ante el alto grado de violencia -incluidos también asesinatos- que sufren las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexo, en particular cuando son de ascendencia africana.
Brasil es el país con el mayor número de personas trans y queer asesinadas en todo el mundo, una situación que se acompaña de estigmatización, falta de protección e impunidad, recalca el documento.
En otro pasaje del informe el Comité de la ONU expresa una fuerte preocupación por la discriminación que afecta a las mujeres indígenas y quilombolas, que además de ser social y económicamente vulnerables, no tienen acceso a títulos de propiedad de las tierras en las que viven, por lo que están en riesgo de desalojo y explotación por parte de entidades como compañías del sector extractivo.
«Urgimos a Brasil a que proteja a las mujeres indígenas, quilombolas y afrodescendientes de ocupaciones ilegales y desalojos forzados de las tierras que han ocupado y utilizado tradicionalmente», señala.
Notiespartano/efe
