Más de 50 días refugiados en la embajada de Argentina en Caracas cumplieron los seis integrantes del comando de María Corina Machado el pasado 20 de marzo se les anunció órdenes de captura en su contra.
Se trata de la jefa nacional de campaña, Magalli Meda; el coordinador internacional, Pedro Urruchurtu; la coordinadora de comunicaciones, Claudia Macero; el coordinador electoral, Humberto Villalobos; y el asesor y exministro Fernando Martínez Mottola.
Aunque el gobierno argentino anunció su decisión de otorgarles asilo político, aún la administración de Nicolás Maduro no ha aprobado los salvoconductos para permitirles salir de la residencia diplomática y trasladarse al aeropuerto para tomar un vuelo internacional que los lleve hasta Buenos Aires.
En abril, la Cancillería argentina informó que estaba «a la espera de la emisión de los correspondientes salvoconductos», que garanticen la seguridad a estos seis dirigentes para su traslado.
Tanto Argentina como Venezuela son parte de la Convención sobre Asilo Diplomático, suscrita en Caracas en 1954, que establece que «el Estado asilante puede pedir la salida del asilado para territorio extranjero, y el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente, salvo caso de fuerza mayor, las garantías necesarias y el correspondiente salvoconducto».
En su artículo V la Convención dispone que el gobierno del territorio debe otorgar las medidas de seguridad que garanticen que en el traslado de los asilados «no peligre su vida, su libertad o su integridad personal».
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