El Gobierno boliviano ha denunciado este martes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que los efectos del cambio climático “violan derechos humanos básicos” y advirtió de que sus “peores consecuencias” las soportan los países en desarrollo, lo que convierte esta cuestión en “un asunto de justicia”.
En el turno de la palabra de Bolivia, el embajador Roberto Calzadilla Sarmiento explicó que su país “reconoce que las causas estructurales” del cambio climático provienen del actual modelo, “particularmente del sistema capitalista de desarrollo que ha dominado los últimos dos siglos”.
“Este sistema ha precipitado la crisis climática actual, violando derechos humanos básicos, alterando los ciclos de vida de la Madre Tierra, llevando al colapso de ecosistemas, amenazando formas de vida tradicionales de cientos de millones de personas en todo el mundo e intensificando el hambre y la pobreza globales”, explicó Calzadilla.
Además, advirtió de que la cuestión de la responsabilidad de los Estados frente al cambio climático -el tema central de las audiencias que se celebran en La Haya hasta el 13 de diciembre- “no puede desvincularse de esta realidad”.
Y subrayó además que, aunque “no todos los Estados tienen la misma responsabilidad” por el cambio climático antropogénico, los países en desarrollo, como Bolivia, “soportan una carga desproporcionada de sus consecuencias”.
“Esta inequidad socava fundamentalmente los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras”, lamentó.
Para Bolivia, la emergencia climática representa “el desafío definitorio de nuestros tiempos y la mayor amenaza que enfrenta la humanidad, incluidas las generaciones futuras”, y considera que el planeta se enfrenta a una “crisis sin precedentes que moldeará el destino de las generaciones futuras” debido a los fuertes efectos del calentamiento global.
“Sus peores consecuencias son soportadas de manera desproporcionada por aquellos que menos han contribuido a su causa, lo que convierte esto no solo en una cuestión de hechos científicos, sino, fundamentalmente, en un asunto de justicia”, insistió Calzadilla.
En el mayor caso jamás presentado ante esta Corte, los 15 jueces del máximo órgano judicial de Naciones Unidas escuchan los argumentos de 98 países y 12 organizaciones para emitir una opinión consultiva solicitada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 29 de marzo de 2023 respondiendo a una serie de preguntas.
En primer lugar, los magistrados deberán identificar cuáles son las obligaciones de los Estados, según el derecho internacional, a la hora de proteger a otros países y a las generaciones futuras de los efectos catastróficos de “las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero”.
También deberán definir “las consecuencias legales” en casos de “actos y omisiones” por parte de los Estados de las obligaciones identificadas, en particular hacia los pequeños insulares, que, por su geografía, se vean perjudicados por las consecuencias.
Notiespartano/efe
