Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, interpretó esta acción como un intento de Venezuela de evitar la documentación de las irregularidades que han plagado sus procesos electorales durante mucho tiempo.
Alarcón recordó que, en las últimas elecciones regionales y municipales, el CNE permitió la presencia de una misión de observación electoral europea, que documentó una serie de irregularidades. La reciente anulación de la observación de la UE, según Alarcón, es una “mala señal” y un indicativo de más irregularidades por venir.
A pesar de que se permita la observación de otras entidades, Alarcón aclaró que estas no cumplen con los estándares de “observación electoral”, sino que se asemejan más a una “veeduría”, donde unas pocas personas invitadas por el Gobierno son llevadas a centros sin problemas.
Alarcón advirtió que el escenario actual no presagia una elección sin problemas, ya que el Gobierno se siente en desventaja. Sin embargo, la supervisión del proceso electoral estará a cargo de la veeduría de la ONU, el Centro Carter y otros “países amigos” que buscarán legitimar la elección.
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