La pandemia del Covid-19 no detuvo la destrucción del Arco Minero del Orinoco, sino que la profundizó. Bosques talados, ríos contaminados, invasiones de territorios indígenas, instalación de plantas industriales y aparición de viviendas y comercios precarios a la orilla de la carretera conforman el nuevo paisaje que atraviesa la Troncal 10, la principal arteria vial que comunica los municipios mineros al sur del estado Bolívar.
Un viaje a la fosa de la devastación
En un recorrido de 850 kilómetros por cuatro municipios mineros del estado Bolívar, el equipo de Runrunes y Correo del Caroní constató en directo el impacto ambiental, social y cultural de la actividad aurífera en la región. La señal más visible del avance del megaproyecto de minería decretado por Nicolás Maduro en 2016 y que ocupa casi 12% del territorio nacional, es la aparición de misteriosas empresas, molinos artesanales y plantas industriales de cianuración para el procesamiento de oro cuyo desempeño productivo se mantiene bajo secreto oficial.
De las 41 empresas que participan en la explotación del oro en el Arco Minero identificadas durante el recorrido, la dirección de los dos mayores complejos industriales ha sido vinculada con la familia presidencial o funcionarios públicos; de 75% se desconoce el proceso de contratación pública, apenas seis aparecen inscritas y habilitadas para contratar con el Estado. No hay certeza de cuántas se mantienen operativas y ninguna rinde cuenta pública de su desempeño productivo.
El conflicto entre las comunidades indígenas dentro del Arco Minero y las bandas criminales llamadas colectivos, sindicatos mineros o “el sistema” liderados por pranes, que han consolidado el control territorial de las minas con anuencia del Estado, es un estallido social latente.
Una evidencia de esta disputa por la explotación de oro dentro del territorio indígena tuvo lugar la segunda semana de enero de 2022, cuando líderes locales decidieron trancar el paso durante 10 días por la Troncal 10, principal arteria vial del cinturón minero, lo que produjo problemas de abastecimiento.En ese sentido,lLa tensión fue desmontada tras reuniones con las autoridades locales, gobierno regional y la Corporación Venezolana de Minería (CVM), ente coordinador de la gestión dentro del Arco Minero.
La fiebre del oro también ha reconfigurado la vida de las poblaciones mineras
La proliferación de barriadas a lo largo de la carretera y en algunos históricos pueblos mineros como El Dorado se constató durante el recorrido por Guasipati, El Callao, Tumeremo, El Dorado, Las Claritas y el Kilómetro 88, así como los linderos de la Gran Sabana (que alberga el Parque Nacional Canaima), la aparición de viviendas con techos de zinc y paredes de tablas de madera y bolsas de plástico, son evidencia de la explosión demográfica en el Arco Minero y crecimiento de la pobreza con el consecuente colapso de los servicios públicos ya precarios. También, son muestra de que el megaproyecto de minería no llegó acompañado de políticas sociales para beneficiar a las comunidades de los pueblos mineros ni articular medidas con los gobiernos locales.
Además, la deforestación a la vista de los transeúntes de la Troncal 10 y la contaminación con mercurio y desechos tóxicos de los ríos Cuyuní y Yuruari que bordean los principales pueblos mineros desdice las políticas ambientales que el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico y el Ministerio de Ecosocialismo aseguran cumplir desde la creación del Arco Minero del Orinoco. En 2020 se registró la mayor pérdida de cobertura arbórea en el estado Bolívar en las últimas dos décadas debido a la expansión de la minería.
Notiespartano/CorreodelCaroní
