Gobierno de El Salvador niega usar Pegasus contra periodistas

La Administración de Nayib Bukele negó estar relacionada con el software israelí Pegasus, desarrollado por NSO Group, y con el cual se habría espiado a periodistas y ONG, luego de que medios locales retomaran un informe sobre el uso del programa en el país, según trascendió este jueves (13.01.2022).

Amnistía Internacional dio a conocer que verificó el «uso del programa Pegasus para vigilancia de periodistas» y activistas de derechos humanos en El Salvador. «Una investigación conjunta de Access Now y The Citizen Lab ha identificado el uso a gran escala del programa espía Pegasus de NSO Group contra periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador», indicó el organismo en un comunicado de prensa.

«El Gobierno de El Salvador no está de ninguna manera relacionado con Pegasus y tampoco es cliente de NSO Group», dijo la secretaria de Comunicaciones, Sofía Medina, en un comunicado. La reacción del Ejecutivo se produce luego de la difusión del informe elaborado al cierre de 2021 por The Citizen Lab de la Universidad de Toronto, especializado en ciberseguridad.

El diario digital El Faro denunció que 22 miembros de su personal fueron intervenidos con Pegasus 226 veces entre el 29 de junio de 2020 y el 23 de noviembre de 2021. «Los teléfonos de las jefaturas editoriales, periodistas y personal administrativo fueron intervenidos en algunos casos hasta por un año y de forma constante», aseguró El Faro, un periódico laureado por sus investigaciones sobre la realidad salvadoreña.

«Reitero que el Gobierno de El Salvador no tiene los recursos ni las licencias para utilizar este tipo de software (Pegasus)», insistió Medina. El Ejecutivo salvadoreño adelantó, no obstante, que «sí está investigando el posible uso de Pegasus y otros sistemas (que no identificó) para intervenir teléfonos en el país», porque hay «indicios» de que funcionarios oficiales están siendo «víctimas de ataques».

Tanto Medina como el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro -según el comunicado- recibieron una alerta de Apple de una posible intervención de sus teléfonos celulares. «¿Por qué el Gobierno actual investigaría a funcionarios de su propio Gobierno? Me parece totalmente incoherente», enfatizó Medina, apuntando a que la intervención debería provenir de otros entes.

Así, a la vez que el Ejecutivo se desligó del software, aseguró en el comunicado que de acuerdo con otro reporte publicado en 2020 por The Citizen LabPegasus estaría funcionando en El Salvador desde 2017, cuando el país era gobernado por la exguerrilla del FMLN. Medina también lamentó que la investigación de Access Now The Citizen Lab no indagara la posible intervención de las comunicaciones de funcionarios.

DTJ: espionaje a periodistas «puede provenir» del Gobierno

Ante esto, la Fundación Democracia, Transparencia, Justicia (DTJ) afirmó este jueves que «aunque la información aún no es definitiva, todo conduce a concluir que el espionaje con el software Pegasus contra estas 35 personas solo puede provenir de una fuente cercana o desde el mismo Gobierno salvadoreño».

«Este nuevo ataque contra la sociedad civil y el periodismo en El Salvador es consistente con el rápido avance autoritario en el país y con el patrón de intimidación, estigmatización y coacción desde el Gobierno contra voces críticas y contra quienes evidencian los abusos de un Gobierno que, por ahora, actúa impunemente», apuntó DTJ.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Fagoaga, denunció el hackeo al teléfono móvil que es utilizado por el gremio para recibir denuncias de agresiones a la prensa o a comunicadores vulnerados.

Fagoaga explicó en una conversación telefónica con la agencia Efe que «la tarde de hoy nos dimos cuenta de un segundo acceso en el teléfono y que comenzaron a mandar mensajes a los grupos (de WhatsApp) en los que APES está». Señaló que en el móvil se reciben las denuncias de «cualquier periodista que se siente agraviado o tiene alguna vulneración contra sus derechos» para que la APES le brinde asesoría.

«(Es un) tema muy sensible porque llega en un momento particularmente complicado donde hay denuncias de espionaje. Estamos preocupados, pero estamos tratando de recuperar la línea», declaró. Fagoaga argumentó que la Junta Directiva de la APES está analizando si denuncia -o no- lo ocurrido ante la Fiscalía General de la República porque «el problema es que las instituciones carecen de independencia y de credibilidad» y añadió que, por el momento, «estamos tratando de recuperar la línea con organizaciones que se dedican a la protección de derechos digitales».

Notiespartano/ DW.com/EFE

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