Está llegando la hambruna por Morel Rodríguez Ávila

Desde hace tiempo unimos nuestra voz a la de muchos advirtiendo que la hambruna estaba por tocar la puerta en Venezuela. Hace días, la ONU, a través de la FAO, asegura que, a la fecha, en el país hay 9,3 millones de venezolanos en abierta situación de inseguridad alimentaria. La noticia asusta, desde luego. Pero no al gobierno, que parece importarle muy poco lo que acontece. Por lo menos no se le nota preocupación cierta ante lo que ya adquiere características de dolorosa realidad. Da mucha vergüenza ver cómo cada día crece el número de niños, hombres y mujeres que buscan, con desesperación, qué comer en la basura. Igualmente apena la tímida respuesta gubernamental sobre tan álgido problema. Los programas destinados a la producción de alimentos en el país, antes que merecer todos los recursos que requiere les son cada vez más disminuidos para destinarlos, con especial afán muy especial, a la importación.  

La llamada bolsa Clap, de paso paga y aumentando su precio cada vez, no cubre realmente el creciente número de familias a ser beneficiadas y, además, su entrega es un abierto ejemplo de absoluta discriminación social. En las barriadas caraqueñas, el Clap es totalmente distinto, en cantidad de productos y llega a tiempo. No sucede así en el resto de las comunidades, Venezuela adentro, donde el retraso de entrega y contenido es diamentralmente diferente pues, recibe, con retraso de hasta dos y tres meses sólo arroz, pasta y una harina para arepas de muy baja calidad, de paso paga. La gente comenta que tal situación la motiva un hecho que merece ser analizado: se escucha decir que “el gobierno cumple con los capitalinos porque tiene miedo a que bajen de los cerros” 

No se entiende cómo el gobierno prefiere importar que sembrar. Es decir, recuperar el campo, que se traduce en dotar de suficientes créditos a los agricultores, pequeños, medianos y grandes productores para adquirir semillas, maquinaria y demás insumos, así como incentivar que el campesino no continúe a engrosando los cinturones de miseria en las ciudades. Al respecto, son múltiples los planes y programas que, organismos nacionales e internacionales, desde hace tiempo recomiendan y facilitan su financiamiento, pero que el actual gobierno deja de lado para imponer los suyos, donde lo importante es que la tierra y su cultivo sea un asunto en exclusiva manejado por el Estado. La expropiación de fundos, haciendas, grandes empresas de producción agrícola y pecuaria, fue un error imperdonable que dañó profundamente el sector, consecuencia de esa visión, errada desde luego, de centralizarlo todo y de confrontación con la libertad de empresa y de propiedad privada. 

Hace días la ONU, a través de la FAO y el Programa Mundial de Alimentos, PMA, informaron haber incluido nuevamente a Venezuela “en la lista de países que padecen de inseguridad alimentaria y calculan que 34 millones de personas en el mundo “están a un paso de la inanición” por el hambre y la falta de acceso a alimentos”. Según ese informa, nada menos que 9,3 millones de venezolanos están en situación de inseguridad alimentaria; cifra, admiten, que “podría aumentar significativamente tras el deterioro económico de Venezuela y los impactos de la pandemia”. Y lo peor, advierten que “la. inseguridad alimentaria en Venezuela podría superar los niveles de 2019 como resultado de la crisis económica y social que vive el país, sumido en hiperinflación desde 2017, a lo que se añaden los problemas de combustible y transporte que impactan en los precios de los alimentos y la actividad agrícola”. 

El informe conjunto, titulado Advertencias tempranas sobre inseguridad alimentaria aguda, afirma que el impacto de las sanciones internacionales y la caída de los precios del petróleo provoquen mayor contracción económica e hiperinflación (-10 % y 6500 %, citando al Fondo Monetario Internacional.  Por su En 2020, “la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) reveló que, como consecuencia de la pandemia, 52 % de los hogares venezolanos manifestaron quedarse sin alimentos y en 69 % de ellos hubo adultos que comieron menos de lo que debían. En ese mismo contexto, tan solo 3 % de los hogares no tienen inseguridad alimentaria. 

Los organismos aseguran que tales indicadores se traducirán en pérdida de ingresos y más desempleo, sumado a altos precios de los alimentos y aumento de la migración hacia otros países, que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) calcula en más de 5,5 millones de venezolanos en el mundo, principalmente en países vecinos”. 

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