El COVID-19 desvela vulnerabilidades de adultos mayores en Latinoamérica

Un informe desvelado este miércoles por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indica que más allá de los efectos de la pandemia de la covid-19 en los adultos mayores, los países de la región deben enfocarse en mejorar la calidad de vida de forma integral de esta población.

El documento “Covid-19 y sus impactos en los derechos y la protección social de las personas mayores en la subregión” y presentado en el trigésimo octavo periodo de sesiones de la Cepal, que se lleva a cabo de manera virtual, con Costa Rica como anfitrión, destaca que esta población ha sido la más perjudicada porque tiene más probabilidad de padecer una enfermedad grave o incluso morir.

Sin embargo, el riesgo no se basa sólo y únicamente en la edad cronológica o en la concurrencia de enfermedades subyacentes como la hipertensión, diabetes y afecciones cardiacas, sino también en las condiciones de vida en que se desenvuelven.

“Hay asuntos de carácter estructural que reflejan las condiciones de discriminación y vulnerabilidad en que viven las personas mayores y que la pandemia ha venido a evidenciar con particular crudeza y dureza y nos pone ante la dificultad de aprender de esta experiencia, de esta crisis tan aguda en términos de lo que ha sido la construcción de escenarios sociales”, afirmó el coordinador de investigaciones de la subregión de la Cepal-México, Pablo Yanes.

Según el informe, pese a los planes de respuesta ante la crisis sanitaria como la entrega de alimentos, adelanto en el pago de pensiones u otras formas de transferencia monetaria, estas no deben ser las únicas acciones para aminorar el impacto.

Este tipo de contingencias que se ponen en práctica por la pandemia no son neutras, y pueden generar un efecto rebote, que por el contrario fortalezca la condición de vulnerabilidad de las personas mayores “cuando implícitamente son construidas como frágiles o dependientes en vez de fortalecer su autonomía y su papel en la recuperación”, cita el texto.

En cambio, se debe ampliar el espectro para proteger los derechos humanos de esta población. Eso significa medidas destinadas a garantizar el acceso, sin demora, de las personas mayores a los bienes y servicios esenciales tales como alimentación, agua, atención médica, electricidad, saneamiento, entre otras.

“El derecho a la vida no es la ausencia de muerte, es vivir con dignidad, y ha de ser el punto de partida de cualquier intervención. (…) La pandemia es también una enfermedad con carácter social porque ha sacado a la luz las deficiencias de cada sociedad. Las desigualdades que ya estaban presentes antes de la pandemia de covid-19 se acentúan e incluso continúan”, manifiesta el documento.

Para las autoridades, es indispensable que los países de América Latina y el Caribe ponderen sus intervenciones sobre la base del principio de igualdad y no discriminación por edad, ya que la protección social basada en los derechos humanos será un eje central en el siglo XXI.

Por su parte, el asesor de género y derechos de la mujer de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Courtis, afirmó que a esas vulnerabilidades hay que agregar que la discriminación se agrava cuando se trata de mujeres con alguna discapacidad, afrodescendientes o indígenas, o si viven en zonas rurales.

“Todas las políticas deben estar vinculadas para neutralizar esos factores en el corto-mediano plazo para integrar los derechos y cambiar este panorama. A esto también hay que sumarle los factores de pobreza, discriminación y escasa inclusión social”, dijo Courtis.

Datos de la Cepal indican que en 1950 las personas de 60 años y más representaban el 5,4 % del total y tuvieron que pasar 65 años para duplicar ese porcentaje (2015), pero de ahí en adelante su crecimiento es cada vez más acelerado.

Estimaciones brindadas en el reporte dicen que transcurrirán 30 años (2045) para que este grupo de edad se vuelva a duplicar con respecto a 2015, llegando al 19,8 % del total y en el lapso de cien años (2050) las personas mayores habrán cuadruplicado el porcentaje que representaban a mediados del siglo
pasado.

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