DW:Misiones médicas cubanas, una forma de esclavitud

“Nuestro objetivo no es desmantelar las misiones médicas de Cuba, sino frenar la esclavitud”, asegura Javier Larrondo, presidente de Prisioners Defenders (PD). “No somos una entidad política, sino humanista”, insiste Larrondo, quien se presenta en la web como “emprendedor, inversor y filántropo cubano-español”. Y no esconde su larga historia de colaboración con reconocidos opositores políticos isleños como el fallecido Oswaldo Payá; o José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), de la que este español hijo de cubanos se considera cofundador.

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La UNPACU y Ferrer firman también la denuncia que PD y Larrondo han elaborado y remitido a la oficina de la ONU en Ginebra y a la Corte Penal Internacional (CPI): “Misiones de Internacionalización de Cuba. 622 médicos cubanos contra el Gobierno cubano”. A los 405 testimoniantes protegidos, recopilados con ayuda de formularios online divulgados en diversas plataformas mediáticas, se suman la verificación y documentación de otros 217 testimonios hechos públicos previamente por los afectados.

Con ellos, PD amplía ahora una queja menos documentada de 2019, a la que siguieron ya lapidarios informes de la ONU y Human Rights Watch (HRW), contra las “normas draconianas” con que el Gobierno cubano estaría sometiendo a una “forma contemporánea de esclavitud” a trabajadores que prestan servicios en el exterior.

“Mientras yo viva, voy a estar exponiéndolos”

Los testimoniantes denuncian leyes que, viviendo en Cuba, les impedían viajar al extranjero por asuntos particulares sin una autorización especial. Mecanismos coercitivos de reclutamiento. Regulaciones que les impidieron llevar consigo a sus familias, conducir vehículos sin autorización explícita o desplazarse de la localidad donde laboraban mientras estuvieron contratados en el exterior.

Normas que les obligaban a prescindir de vínculos con personas con posiciones políticas desaprobadas por el Gobierno cubano. O a informar sobre sus relaciones amorosas con nacionales o extranjeros, residentes o no en el país donde trabajaban; o de sus intenciones de contraer matrimonio. Y que crearon un “marco represivo” que favorece la impunidad de prácticas de acoso, aunque estas sean activamente sancionadas por las leyes cubanas y del país de acogida.

Y denuncian, especialmente, leyes que, tras abandonar “misiones” o contratos oficiales en el exterior o no regresar una vez concluidos estos, los califican de “desertores” y los castigan con la prohibición de entrar al país en 8 años (o más, y sin excepciones humanitarias, sobre todo si el afectado hace declaraciones públicas al respecto).

“Mi niña intentó suicidarse”, cuenta a DW Manoreys Rojas, licenciado en Traumatología y Ortopedia de la provincia Sancti Spíritus. Tenía 11 años y le diagnosticaron un trastorno de la personalidad. Estuvo un mes hospitalizada, hace tres años. Rojas, que abandonó una misión en Ecuador y hoy reside en EE. UU., no ha conseguido visitarla. Ni cuando voló intempestivamente a la isla tras conocer del intento de suicidio, pues fue devuelto desde el mismo aeropuerto. Ni en las dos ocasiones en que solicitó visas humanitarias, como le sugirieron en el aeropuerto, pues le han sido denegadas, según relata a DW.

Por eso, “mientras yo viva, voy a estar exponiéndolos”, dice haber advertido al funcionario de inmigración que lo atendió. Y así lo ha hecho. Sus denuncias, verificadas y documentadas por PD, se hallan en la web. En respuesta, asegura, a la doctora de su hija le llegaron presiones de la Seguridad del Estado para modificar su informe de cara al visado humanitario. Y a su madre, advertencias para “que le diga a su hijo que no siga hablando, pues no va a volver a entrar.”

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Notiespartano

 

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