BCV la exprimidora oficial del oro venezolano

Valiéndose de sus competencias en la comercialización del oro y como custodio de las reservas internacionales, el Banco Central de Venezuela está dilapidando los recursos de la Nación hasta alcanzar mínimos históricos en un contexto de sequía financiera y de hiperinflación.

res mil 600 kilos en lingotes con etiquetas del Banco Central de Venezuela fueron retenidos en Entebbe, capital de Uganda, a unos 11 mil kilómetros de Caracas. Las barras doradas, fechadas en la década de los 40 del siglo pasado, formaban parte de las 7,4 toneladas de oro provenientes de Venezuela que aterrizaron en el país africano en marzo de 2019 para ser procesadas en la refinería African Gold Refinery Limited y posteriormente enviadas a Turquía,  su destino final. La mercancía, valorada en 300 millones de dólares, fue decomisada por la Policía de Uganda bajo sospecha de contrabando al no ser declarada en los puntos oficiales de la aduana africana. 

Pero tres semanas después de la incautación, el destellante cargamento que fuera tramitado por Goetz Gold LLCuna empresa de origen belga radicada en Dubai, fue liberado por orden del fiscal general de ese país con la anuencia del propio presidente ugandés, Yoweri Museveni.  Tras la liberación, se perdió el rastro de esos lingotes del BCV que llegaron al país africano en dos vuelos (1ero y 4 de marzo) de los aviones Boeing 777 de la línea rusa Nordwind Airlines procedente de Caracas.

Goetz Gold LLC es propiedad del magnate del oro Alain Goetz, quien también fundó la African Gold Refinery, que procesaría el cargamento en Uganda. El empresario ha sido señalado por organizaciones anticorrupción como The Sentry y Global Witness de formar parte de una red de tráfico de «oro de sangre», entendido como el metal precioso explotado en zonas conflictivas que financia crímenes, guerras y promueve la violación de los derechos humanos. El Grupo de Expertos de la ONU sobre la República Democrática del Congo también lo ha cuestionado por su poca transparencia para explicar las fuentes de suministros en ese país aquejado por la violencia asociada al negocio aurífero. Goetz ha negado a la prensa los señalamientos y en entrevistas ha remarcado que el “oro conflictivo no existe”. También ha dicho que ya se desmarcó de la refinería de Uganda al vender sus acciones “a una familia del Medio Oriente”, según declaró a  De Staandard en abril de 2019. 

El caso de los lingotes decomisados en Uganda es solo un ejemplo de los subterfugios a los que ha recurrido el BCV para despachar el oro venezolano a compradores del mundo caracterizados por su opacidad, para burlar sanciones económicas y para «ayudar a Nicolás Maduro a continuar en el gobierno, como ha acusado Estados Unidos. Tras el desmantelamiento de la industria petrolera como principal fuente de ingresos de Venezuela, el gobernante se ha recostado del oro para obtener recursos alternativos y lograr liquidez en un contexto de sequía financiera y de hiperinflación, la mayor del mundo.

El Banco Central de Venezuela está en el eje de una silenciosa pero millonaria centrífuga del oro venezolano. Este organismo que en el papel es autónomo e independiente de las políticas del gobierno nacional según la Constitución de 1999, ha dejado de cumplir con su función de velar por la estabilidad monetaria y mantener el nivel adecuado de las reservas internacionales para convertirse en una máquina exprimidora del oro monetario, el principal activo de las reservas, según se desprende del presente trabajo elaborado por Runrunes en alianza con la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ). 

Pero el BCV no sólo está sacando los lingotes de sus bóvedas para venderlos en el mercado internacional. Según denuncias de ex funcionarios gubernamentales y de acuerdo con expertos consultados para este reportaje, también se vale de mecanismos legales y sus competencias en la comercialización en el mercado aurífero para “lavar el oro sucio» que compra procedente del Arco Minero del Orinoco (AMO), el megaproyecto estatal de minería marcado por la corrupción oficial y el control de grupos irregulares armados que ha sido cuestionado por generar la destrucción del ambiente y la violación de derechos humanos. 

La suma de anomalías de la entidad, que no rinde cuenta de sus actuaciones ni publica resultados de sus políticas sobre el oro, contraviniendo el mandato constitucional, ha puesto al banco en la mira de críticos locales pero también del veto internacional.

En abril de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al organismo con el objeto de  restringir el acceso de dólares estadounidenses y así impedir que la entidad pudiese hacer transacciones en el extranjero. «El BCV está ayudando a Maduro a mantenerse en el poder, incluso controlando la transferencia de oro como moneda», anunció en esa ocasión el exasesor de seguridad John Bolton. Ya en noviembre de 2018, EEUU había emitido una orden ejecutiva para sancionar todas las operaciones relacionadas con  la minería venezolana. 

El gobierno de Maduro condenó las sanciones de EEUU. En un comunicado difundido vía Twitter el 17 de abril de 2019, las tildó de “inhumanas” y como una “agresión más contra el pueblo de Venezuela” al mismo tiempo que señaló que la medida buscaba impedir las operaciones del banco y su relación con prestadores de servicios financieros estadounidense y globales “para lograr su colapso y emprender una recolonización”. 

No sólo la institución ha sido sancionada por EEUU, sino también una de sus directoras: Iliana Josefa Ruzza Terán, quien  ocupa al mismo tiempo dos cargos cardinales en el manejo del oro en el BCV: la Vicepresidencia de Operaciones internacionales y la Gerencia de Administración de Reservas Internacionales. Desde 2009, la economista ha ocupado varios cargos en la administración pública en entidades como Pdvsa, Bandes, Cencoex, Fogade, Fonden, Ministerio de Industrias hasta  la vicepresidencia de la República.

El nombramiento del actual directorio del BCV ha coincidido con uno de los períodos de caída de reservas de oro más pronunciadas. En junio de 2018, el mismo mes  en que el gobierno de Maduro anunciaba la Operación Manos de Metal para desmantelar las mafias traficantes de oro en el estado Bolívar y controlar el contrabando del material estratégico, asume una nueva directiva que no fue juramentada por la constitucional Asamblea Nacional sino por la asamblea nacional constituyente, promovida por decreto presidencial el primero de mayo de 2017 como instancia paralela alineada con las políticas del Ejecutivo.  

El general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, ex hombre de confianza de Maduro, antiguo jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la policía de inteligencia de la era chavista, denunció que el BCV –bajo ese mismo directorio- suele aprobar la compra de oro gestionado por una empresa de Nicolás Maduro Guerra, hijo del jefe de Estado, quien habría establecido un monopolio de compra de oro a mineros artesanales al sur del país a precios irrisorios para luego venderlo a costos elevados al organismo estatal. 

En una conversación en julio pasado con la cadena de televisión PBS, el militar exiliado reiteró la información: «Nicolás Maduro y su familia usan la plataforma del Estado, usan el Banco Central de Venezuela para sacar oro del país. Yo llamo a este sistema de gobierno una empresa criminal. Todos contribuyen a la corrupción. Todos son cómplices”.

La autonomía del BCV, que es un principio consagrado en el artículo 318 de  la Carta Magna, se vio comprometida desde aquella transmisión del programa “Aló, Presidente”, a principios de 2004, cuando Hugo Chávez le pidió al BCV “un millardito” de las reservas internacionales para financiar proyectos gubernamentales, solicitud que devino en una reforma a la ley del BCV que ordenaba que los ingresos “excedentarios” se destinaran al recién creado Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), que patrocinaría aquellos planes propuestos por el entonces presidente de la República.

El mismo Chávez continuó con la anulación de la institucionalidad al exigir en 2011 la repatriación de las reservas de oro que se hallaban en Londres y que culminó, meses después, con una caravana con el cargamento del metal desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía hasta la sede del ente emisor. El procedimiento hizo que los lingotes perdieran el registro y el “Good Delivery”, una calificación necesaria para ser aceptados con mayor facilidad en los mercados internacionales.

Esa pérdida de autonomía ha sido señalada  en el Informe Corrupción de Transparencia Venezuela 2018, que identifica el «sometimiento del órgano superior de control fiscal a una autoridad militante activa del partido de gobierno». Entra en contradicción con el artículo 320 de la Constitución que reza que el Banco Central «no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias». 

Runrun.es solicitó vía correo físico y correo electrónico entrevistas con el presidente del BCV así como con cada uno de los miembros de la junta directiva del organismo.  Hasta el cierre de este reportaje, no se había obtenido algún tipo de respuesta.

Notiespartano/RunRunes

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