¿Por qué la revolución chavista violenta los Derechos Humanos?, por Morel Rodríguez Ávila

La pavorosa cifra que totaliza el alto número de victimados por los cuerpos policiales municipales, regionales, nacionales y las policías políticas y militares no asombra, horroriza. Es la evidencia más gruesa, hasta la fecha, que se le haya podido señalar al actual gobierno que dice liderar una revolución humanista, de sensibilidad social y jura ser democrática.

No es porque lo afirme la ex presidenta Bachelet en su Informe, como Alta Comisionada de la ONU para la defensa de los Derechos Humanos, no. Es que el país entero ha conocido de la mayoría de estas denuncias, hechas por familiares y amigos de los agraviados, muertos o desaparecidos y las investigaciones son, además de escasas, poco ciertas en lo que pudieran ser los resultados. ¿Hay mucho encubrimiento que lo impide? o ¿acaso los autores resultan intocables?

Estas preguntas jamás serán respondidas por el señor Fiscal General o los señores ministros del Interior y de la Defensa. Tampoco por los magistrados del TSJ y el Defensor del Pueblo. Menos por el ciudadano presidente de la república que, prestos sí, y en conjunto, lanzan toda clase de epítetos contra la representante de las Naciones Unidas que, en su Informe, una vez más deja especificadas las terribles consecuencias de la acción gubernamental contra quienes combaten su arbitrario y represivo intento de comunizar y cubanizar a Venezuela.

Desde que la Revolución Francesa legó al mundo sus propósitos de ser para siempre la libertad, la fraternidad y la solidaridad bastiones irreductibles de una verdadera sociedad, defender los Derechos Humanos es una tarea de mucho riesgo, de mucho carácter y de mucha entrega.

Los gobernantes que se han atrevido a violentarlos de mil maneras, siempre han recibido el castigo de la historia. Sin el perdón del pueblo. Cargan en su haber sus propios cementerios y por eso, si ya no mandan porque no están vivos, es gigantesco su espacio en el degredo y, si siguen vivos, pero derrocados, llevan la procesión por dentro subsistiendo al filo de la navaja, aborrecidos por todo el mundo.

Es tan grave como lamentable esta vergonzosa y triste situación, retrato de una verdad que duele y por supuesto avergüenza.

Los Derechos Humanos tienen que respetarse y defenderse. Es la vida del ser humano la que se respeta y se defiende. Es la vida del ser humano la que el gobernante está obligado a proteger. En gobiernos como el que manda en Venezuela, el jefe del Estado lo es todo. Es sobre sus hombros donde descansa tamaña responsabilidad y, por tanto, la culpa de lo que en el país suceda.

Si ya es costumbre que cualquier funcionario, desde el más bajo al más alto rango, a cada rato admite recibir instrucciones del primer mandatario para proceder a ejecutar toda clase de órdenes, desde limpiar una alcantarilla, si la limpian, comprar un pupitre, si lo compran, hasta la construcción del más pequeño de los acueductos, si lo construyen, ¿le costará mucho, entonces, impartirle a los cuerpos policiales la no ejecución de tan macabros actos como los que describe la señora Bachelet en su último Informe? La pregunta importa, pues su realidad es inminente y su peso tanto que hunde.

Desde luego que en gobiernos de la cuarta hubo desafueros, pero a los extremos de los escenificados en las dos décadas de los dos gobiernos de la quinta, nunca. Por más que el liderazgo rojo se empeñe en sostener lo contrario, aunque, para rendirle culto, no a su personalidad, sino a la verdad, el actual mandatario supera, en materia de violación de los Derechos Humanos, al extinto expresidente que lo recomendó para el cargo.

De todos modos, los de ayer y los de hoy son episodios reprobables, que merecieron y merecen todo castigo. Imposible, se reitera, que un gobernante que se autodefine como demócrata no tenga en cuenta los desmanes de sus cuerpos policiales cuando, también se reitera, en Venezuela para el presidente nada pasa desapercibido, ni siquiera el vuelo de una mosca, asunto muy propio por cierto de los regímenes totalitarios que lo saben todo, que lo controlan todo y que no dan puntada alguna sin dedal.

La respuesta correcta que debe dar el gobierno frente a esta realidad incontrovertible, es iniciar un proceso interno para corregir, lo más rápido posible, tan dolorosa situación denunciada con cifras en la mano. Y si el gobierno quiere defenderse, es su deber, que se defienda, pero demostrando en cada caso su inocencia.

Con ofensas, no se llega a ninguna parte.

Por el contrario, actuando de este modo, los presuntos culpables lo que hacen es dinamitar el camino para que el derrumbe que produzca la explosión tape las huellas.

@MorelRodríguezA

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