¿Por qué están aumentando las adopciones ilegales en el país?

«Prohibido botar bebés».

El impactante aviso lo colocó en más de 300 puntos de la ciudad de Caracas el artista venezolano Eric Mejicano.

Un recién nacido había aparecido abandonado en la basura cerca de su casa y Mejicano intentó lanzar la voz de alarma sobre un problema creciente en su país.

«Casos como ese eran cada vez más habituales y quería que la gente se diera cuenta de que se estaba haciendo normal algo que nunca debería ser normal».

En Venezuela, sometida a una de las peores crisis económicas de la historia reciente, trabajadores de los servicios de salud y de protección a la infancia aseguran que los abandonos y las entregas irregulares de bebés son cada vez más habituales.

Nelson Villasmil, miembro del Consejo de Protección del Niño y Adolescente del Municipio Sucre, le dijo a BBC Mundo que en los últimos tiempos ha visto un repunte de los casos en los que pequeños nacidos de madres adolescentes o en familias de bajos recursos son entregados a otras personas al margen de los cauces legales para la acogida y la adopción.

Villasmil trabaja en una zona de Caracas afectada por la delincuencia y la marginalidad. Detrás de una mesa llena de expedientes pendientes, le dijo a BBC Mundo: «La crisis está favoreciendo los caminos verdes (atajos)».

Cuenta que siempre había habido casos de mujeres que llegaban pidiendo inscribir un niño que les habían «regalado», pero ahora ocurre con más frecuencia.

Como sucede en otros ámbitos, el gobierno de Venezuela lleva años sin difundir datos oficiales, por lo que la cuantificación exacta del fenómeno depende de los cálculos de los expertos y de las ONG.

Leydenth Casanova, vicepresidenta de la fundación benéfica Colibrí, dijo en 2018 que su organización había detectado un aumento de 70% en los casos de bebés abandonados en la calle o a la entrada de dependencias públicas.

Ni el Ministerio de Comunicación ni el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), el organismo encargado de velar por los derechos de la infancia, respondieron a una solicitud de comentarios.

«US$250 por una inscripción»

La del pequeño Tomás* fue una adopción irregular.

Una mujer pobre lo trajo al mundo en un hospital de Caracas en marzo, pero ahora lo cría una familia del interior del país.

El ginecólogo que atendió el parto está acostumbrado a historias de madres que cuentan con pocos recursos para sacar adelante a sus hijos.

«Casi siempre, las madres que no quieren tenerlos cambian de opinión en cuanto les dan el pecho por primera vez. Pero a veces no es así, y entonces hay que buscar soluciones», le dijo a BBC Mundo.

El médico contactó con Tania*, una de sus pacientes, y le preguntó si quería quedárselo

«Había que decidirse rápido, para poder resolver los papeles a tiempo», recuerda ella en conversación con BBC Mundo. Al final, fue una amiga la que se lo quedó.

Hubo que pagar US$250 para que el niño fuera inscrito como hijo suyo.

«Nunca había hecho algo así, pero en Venezuela los circuitos regulares no funcionan y ese niño iba a pasar muchas necesidades recluido en un orfanato», explica Tania, que no se arrepiente de lo que hizo.

Hace solo unas semanas que Tomás ha comenzado a caminar. Según su nueva familia, crece sano y feliz.

BBC Mundo tuvo conocimiento por trabajadores médicos y trabajadores de los servicios sociales de otros casos similares.

En abril, un recién nacido fue sustraído del Hospital Pablo Acosta Ortiz de la ciudad de San Fernando de Apure.

Hace pocas semanas, un médico del Hospital Materno Infantil de Petare, en Caracas, fue detenido junto a su mujer después de que funcionarios policiales localizaran en su casa a un menor desaparecido y descubrieran que la pareja lo había inscrito fraudulentamente como su hijo.

En los últimos días de 2019, el caso de una joven embarazada que aseguraba haber sufrido un aborto espontáneo despertó las sospechas de los doctores del hospital Domingo Luciani de Caracas. Le exigieron que entregara el feto como prueba de que su relato era cierto.

Al día siguiente apareció la abuela con el niño. Había sido fruto de un embarazo no deseado y la madre había optado por entregárselo a un tercero desconocido ignorando todos los requisitos legales.

Una madre atrapada

Algunas madres venezolanas incluso se han convertido en víctimas de las redes internacionales de trata.

Fue lo que le sucedió a Isabel* en el verano de 2018.

Estaba embarazada de su segundo hijo y su marido acababa de morir. Un amigo cirujano plástico le propuso que viajara a la vecina isla de Trinidad para entregarlo en adopción a través de una conocida colombiana que, según le dijeron, se ocuparía de «hacerlo todo legal».

Accedió a viajar para conocer a la pareja que quería adoptarlo, pero dice que nunca se comprometió a entregar al niño.

«En cuanto aterricé en Trinidad me di cuenta de que había caído en una red de trata de personas», explica.

«Al contrario de lo que me habían prometido, no me habían comprado billete de vuelta a Venezuela».

Pasó días en una casa de la que no podía salir libremente, hasta que dio a luz en una clínica local a un bebé prematuro.

«Entonces decidí quedármelo, pero la colombiana apareció con un abogado. Me dijeron que firmara unos papeles en inglés que no entendía y que entregara a mi hijo».

Los «nuevos padres», una pareja formada por una italiana y un indio, esperaban en el estacionamiento del hospital.

Isabel se negó entonces, pero las presiones aumentaron con el paso de las semanas.

«Me quitaron los alimentos, los pañales y las medicinas, y no me dejaban salir. Al final, tuve que dejar a mi hijo para salvarle la vida y poder regresar a Venezuela a pedir ayuda», le dice entre lágrimas a BBC Mundo.

Las autoridades de su país no le prestaron ayuda, pero sí la ONG Defiende Venezuela, con cuyo apoyo inició una batalla legal en los tribunales de Trinidad que aún no ha terminado.

El pequeño está ahora en un centro tutelado por el gobierno trinitense y a ella solo le permiten verlo una hora a la semana.

El suyo es uno más de los alrededor de 930.000 casos de menores que se han visto separados de sus padres migrantes en el éxodo venezolano, según los cálculos de Cecodap, una ONG dedicada a la defensa de los derechos de los menores.

Sin anticonceptivos ni aborto legal

Los expertos han identificado las causas detrás de una problemática visible a simple vista en las calles venezolanas, especialmente las más populares.

Un informe publicado en 2018 por Cecodap señaló la escasez y el alto coste de los anticonceptivos como una de las razones del alto número de embarazos no deseados.

También denunciaba las carencias en materia de educación sexual, lo que a la postre conduce a «una clara vulneración a los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes venezolanas, quienes tienen cercenada la posibilidad de decidir sobre su sexualidad y controlar su reproducción».

La ley venezolana sobre el aborto es, además, muy restrictiva y solo lo permite en casos de violación y peligro para la vida de la madre, lo que, según han denunciado activistas feministas, aumenta los riesgos derivados de las interrupciones del embarazo clandestinas.

Así que muchas mujeres jóvenes optan directamente por el abandono.

«Aquí nos encontramos con que muchas veces las madres, sobre todo las adolescentes, no quieren llevarse a los niños después de dar a luz», explica una trabajadora sanitaria de la maternidad Concepción Palacios, una de las más concurridas de Caracas.

Según cuenta, ahora son tres los retoños que viven de los cuidados y buena voluntad del personal de este centro sanitario. «A veces pasan meses aquí. Yo he acabado encariñándome con más de uno», dice.

Por qué no se adopta legalmente

Las Villas de los Chiquiticos, el centro de acogida a menores que la fundación Fundana tiene en Caracas, vive en los últimos tiempos al límite de su capacidad. Sus responsables aseguran que tienen más niños necesitados de una familia que nunca.

Parejas heterosexuales de mediana edad acuden allí en busca del hijo con el que sueñan y se les aconseja solicitar, antes que la adopción, una medida temporal de acogida.

La adopción legal se halla en una «situación catastrófica», afirma la investigadora Angeyeimar Gil, debido a que «es muy burocrática y no sigue los lineamientos internacionales», lo que hace de la acogida una opción más rápida y fiable para las familias que quieren recibir legalmente a un menor.

La Ley Orgánica de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), aprobada en 1998, establece claramente las condiciones y etapas que debe cumplir el proceso legal de adopción, pero los expertos indican que el espíritu garantista de la ley choca con la realidad del deterioro y la precariedad que se han adueñado de los organismos públicos competentes en los últimos años por la crisis.

La Lopnna atribuye un papel clave a la institución de los Consejos de Protección, que son los encargados de dictar las primeras medidas de acogida, pero estos trabajan con cada vez menos recursos.

«Antes sus técnicos se desplazaban y le hacían seguimiento a los casos, pero ahora no tienen medios para eso», señala una cuidadora.

Los bajos salarios de sus integrantes, que en la mayoría de los casos no superan el equivalente a US$8 mensuales, ha hecho que muchos abandonen su puesto y ha llevado a la contratación de personal sin cualificación para trabajar en un campo tan sensible como el de la protección de la infancia, denuncian.

A esto se suma el atasco en los Tribunales de Protección y en el Idenna, a quienes corresponde valorar la idoneidad de las familias candidatas a adoptar.

«Al final es el Idenna el que acaba decidiendo arbitrariamente», lamenta Gil.

Niños sin identidad

Son muchos los factores que contribuyen al auge de los circuitos irregulares de adopción y colocan a los pequeños en situación de vulnerabilidad.

Cecodap describe como un «desmantelamiento» lo ocurrido en los últimos años con el sistema de protección a la infancia en Venezuela.

Las carencias son tales que a veces dificultan incluso que los recién nacidos reciban un nombre y una nacionalidad.

Una investigación del portal de noticias Crónica Uno reveló en 2018 que la escasez del papel con el que se elaboran los certificados de nacimiento llevó a que durante meses neonatos de todo el país abandonaran los hospitales sin el preceptivo documento.

En consecuencia, era imposible inscribirlos debidamente en el Registro Civil, lo que abría la puerta a diversas irregularidades.

Angeyeimar Gil elaboró un informe sobre el tema en el que denunció que la «violación del derecho a la identidad» supone «un factor de riesgo para situaciones de trata de personas, comercio de órganos y rapto».

Para Nelson Villasmil la situación actual de Venezuela solo permite una conclusión clara.

«Ser niño hoy día en este país es muy triste».

Notiespartano/ElNacional

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