Las verdaderas prioridades, por Morel Rodríguez Ávila

La situación-país obliga a las autoridades, cualquiera sea su nivel local, regional y nacional, a tomar las previsiones más concretas que de verdad favorezcan a los ciudadanos. Las medidas a ser adoptadas tienen que estar en perfecta concordancia con la realidad que se vive, perjudicial al extremo, que ha venido dañando, de manera muy profunda, la vida diaria de los venezolanos. Esas medidas no pueden ser distintas a lo que las comunidades desean como soluciones. Por ejemplo, la prestación de auténticos servicios públicos: que la electricidad no se vaya a cada rato; que la protección y defensa por parte de los cuerpos policiales sea del todo efectiva; que funcione el servicio de transporte urbano y no se aumente de manera desmedida el costo del pasaje y se cumpla la ordenanza que autoriza el medio pasaje para la tercera edad; que el abastecimiento de agua sea cierto y se frene la insoportable especulación y el reprobable abuso de los choferes de camiones-cisternas; que se acabe el calvario de la gente para adquirir una bombona de gas doméstico. En fin, que el gobierno se disponga, de una vez por todas, a garantizar la mejor y mayor calidad de vida.

El país actual tiene cómo reestructurar lo necesario para que lo arriba señalado sea prontamente factible. Es cuestión de ponerse de acuerdo. Que el gobierno se reúna con los dirigentes de cada sector y se llegue a un acuerdo global que facilite el cambio integral del modo en que se están dirigiendo los servicios públicos; que los funcionarios encargados de prestarlos terminen de entender que están para servir y no ser servidos ni menos aprovecharse de la situación-país. Igual postura deben adoptar los empresarios privados en cada una de las áreas prioritarias para un aprovechable día a día de cada ciudadano.

Desde luego que llevar a cabo esta tarea requiere la capacidad de mando por un lado y, por la otra, que tanto el sector privado como el público entiendan, atiendan y cumplan con sus obligaciones. Otro tanto, que se lleve a cabo un combate más efectivo contra la corrupción, que está ya en todas partes y, lo peor, creciendo agigantadamente.

Mientras ese combate no se concrete y no se lleve a los tribunales y después a la cárcel a tanto corrupto dentro y fuera del gobierno, la situación-país se acrecentará y, por supuesto, nada podrá arreglarse por más buenas intenciones que puedan existir, como respuesta al llamado general de mejoría nacional, una verdadera prioridad nacional impostergable.

Muchas veces hemos dicho que un país donde sus servicios públicos realmente funcionen, tendrá a sus habitantes siempre dispuestos a la colaboración y a la disposición de unir esfuerzos a favor del mejoramiento social y económico. Hambre, miedo, y ausencia de bienestar, desune.

El gobierno tiene la palabra.

Los funcionarios asumiendo que están para servirle al pueblo, no para servirse del pueblo. Y el propio pueblo, comprobando que por él sí se trabaja, aportará su cuota-parte, con entera responsabilidad, comprometiéndose a engrandecer su parroquia, su municipio, su estado, su país.

Compruebe también

Ni una lágrima, por Manuel Avila

Ni una lágrima Cuando el 31 de julio de 2015 el TSJ decidió designar una nueva dirección a Copei se evidenció que la democracia la tutela el TSJ