Polémica reforma judicial propuesta por gobierno de AMLO prende las alarmas en México

Por Diego Oré

CIUDAD DE MÉXICO, 23 ene (Reuters) – El contenido de los borradores de una amplia reforma judicial en México, propuesta por el gobierno con miras a combatir la impunidad e inseguridad, ha generado preocupación entre diversos organismos que consideran que limitará los derechos humanos y las garantías individuales.

Autoridades tenían previsto presentar la iniciativa ante el Congreso la semana pasada pero lo pospusieron hasta febrero, según dos fuentes en el partido gobernante Morena, luego de que Reuters reveló su contenido y por la falta de consenso dentro del propio gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las fuentes precisaron que no está claro hasta qué punto se pueda suavizar la reforma que contempla un nuevo Código Penal Nacional, un nuevo Código de Procedimientos Penales, modificaciones a la Ley de Amparo, además de cambios a la Ley de la Fiscalía General y a su reglamento.

El gobierno no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de Reuters. La Fiscalía, sin embargo, emitió un comunicado donde asegura que la institución no ha «ni suscrito ni presentado» ningún borrador.

«Una vez que se haya iniciado el periodo legislativo, en febrero próximo, esta institución (…) presentará ante los senadores y ante el Ejecutivo, sus proyectos (…) para resolver la gravísima situación que existe en el país, en materia de justicia y seguridad», dijo la Fiscalía.

A fines de 2018, López Obrador asumió la presidencia con la promesa de combatir la corrupción y la inseguridad alimentadas por el crimen organizado. Pero el año pasado, la cifra de homicidios tocó un nuevo récord con 34,582 casos, levantando críticas a la estrategia de seguridad del gobierno.

El mandatario planteó la reforma luego del fracaso que supuso el nuevo sistema de justicia penal acusatorio vigente desde 2016, que ha dejado un país donde menos del 2% de los homicidios se resuelven y muchas confesiones son logradas bajo tortura o presiones de autoridades.

Sin embargo, la propuesta ha alarmado a activistas y opositores porque, entre las modificaciones a 14 artículos de la Constitución, se busca ampliar el arraigo a todos los delitos y validar pruebas obtenidas de manera ilícita.

«Es una reforma extraordinariamente regresiva que atenta gravemente contra derechos humanos y procesos dados como básicos en materia de presunción de inocencia, juicio de amparo y otros», dijo a Reuters el senador independiente Emilio Álvarez. «Sorprende que un Gobierno que se identifica con la izquierda presente un modelo tan autoritario de justicia».

El arraigo es una figura introducida en la Carta Magna en 2008 para privar de libertad a personas sospechosas de pertenecer al crimen organizado.

La norma permitió a la antigua Fiscalía mantener a miles de personas, entre políticos, empresarios y narcos, privados de libertad por hasta 80 días violando la presunción de inocencia, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Hasta el año pasado había 144 expedientes por violaciones al principio de presunción de inocencia, de acuerdo con la CNDH.

PREOCUPACIÓN

En el borrador de iniciativa de reforma constitucional se autoriza la intervención de cualquier comunicación privada en materia de carácter electoral y fiscal, ejercicios actualmente prohibidos por la Carta Magna.

Además, se permite que pruebas consideradas ilícitas puedan «ser tomadas en consideración» por un juez.

«Preocupa que las pruebas que hayan sido obtenidas por actos ilícitos como tortura, intervención de comunicaciones sin orden judicial y cateos ilegales, tengan valor probatorio», opinó la senadora Kenia López, del opositor Partido Acción Nacional (PAN).

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión como Artículo 19 aseguraron que la propuesta del gobierno de volver a incorporar los delitos «contra el honor» y tipificar expresiones contra entidades públicas, restringirían la libertad de expresión y el derecho a la información.

«Si bien estos textos no constituyen hasta ahora documentos finales (…) envían una alerta sobre las intenciones (…) que pretenden modificar el sistema de procuración de justicia con retrocesos alarmantes en materia de libertad de expresión e información», aseguró Artículo 19.

Al requerirse cambios a la Constitución, la reforma debe ser aprobada por los dos tercios de ambas cámaras del Congreso, donde Morena y sus aliados tienen mayoría, pero no calificada. En el último año, sin embargo, ambos bandos se han puesto de acuerdo para aprobar reformas constitucionales.

«Si la oposición no acompaña la reforma constitucional, esto no tiene futuro», señaló el senador Álvarez.

(Reporte de Diego Oré; Editado por Frank Jack Daniel y Gabriela Donoso)

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