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Murieron 134 presos en comisarías del país por tuberculosis y desnutrición

Los centros de detención preventiva son ahora pequeñas cárceles dentro de las comunidades. Una Ventana a la Libertad (UVL) estima que existen unas 500 sedes policiales y militares llenas de detenidos. Estas celdas se encuentran regadas por todo el país, pues son las comisarías policiales y militares y en ellas no solo coexisten la violencia y el hacinamiento; sino también las enfermedades infecciosas.

De acuerdo con una investigación realizada por la organización, en 174 centros de detención preventiva (CDP) hubo 134 muertes por tuberculosis y desnutrición durante 2018. A esto se le suma los 135 asesinatos de detenidos por motines y riñas; así como los 30 fallecimientos en intentos de fugas o enfrentamientos después de los escapes. UVL también contabilizó que dos presos se suicidaron en las comisarías policiales y otros cuatro murieron por causas a determinar.

“Nos llama la atención que las muertes por enfermedades y desnutrición igualaron a las que se producen por violencia. Esto quiere decir que hay una clara desasistencia del Estado y el gobierno en materia de salud dentro de estos centros”, expuso Carlos Nieto Palma, director de UVL. Esta organización se dedica desde hace dos décadas a la revisión de los derechos de los privados de libertad. Desde hace tres años se enfocó en la evaluación de las condiciones de vida en las comisarías policiales y militares.

La investigación que realizó UVL abarca 15 estados. En estas regiones revisó 153 CDP dependientes de cuerpos de seguridad ciudadana; y otros 21 de entidades militares. “Tal vez usted tiene al lado de su casa una cárcel y no lo sabe. Tenga por seguro que si ve una comisaría policial, ahí hay varios detenidos”, indicó Nieto Palma.

En estos recintos existe un aproximado de 16 mil personas hacinadas. Pero, UVL estima que la población en todos las comisarías policiales y militares alcanza los 48.000 detenidos. En ocasiones estas personas no han sido presentadas en tribunales; es decir, están recluidas sin ser procesadas judicialmente.

Sin manuales
El hacinamiento en los CDP es un hecho que comenzó con la creación del Ministerio para Servicios Penitenciarios. En menos de un mes, la ministra Iris Varela mandó un comunicado para informar que solo serían trasladados a las cárceles aquellas personas que fueran autorizadas por la cartera ministerial.

Para Nieto Palma este hecho en 2012 marcó el principio del sistema carcelario paralelo. Pese a que esta situación tiene más de un lustro, todavía los funcionarios policiales y militares no han generado mecanismos asertivos para trabajarlo.

Así lo aseguró Carla Serrano, coordinadora de la investigación de UVL en 2018. “No hay un reglamento que defina qué hacer con estas personas detenidas. Eso permite que surja un sistema de poder alternativo dentro de los centros de detención”, indicó.

¿Qué significa esto? Que el control de las CDP no está en los policías, sino en los mismos reclusos. Ellos formaron un autogobierno que regula la vida colectiva dentro de las comisarías.

Serrano expuso que sus investigadores encontraron que existen CDP en el país en los que los funcionarios no pueden pasar a determinada zona. Para reforzar esta idea, Leonardo Rodríguez, otro investigador de UVL, dijo que en Nueva Esparta el secretario general de seguridad reconoció que no puede contar cuántos detenidos hay en estas sedes.

Otra anécdota del estudio es que existen pranes (líderes de los detenidos) que le comunican al director de la comisaría cuál es la cantidad de presos. También la diputada Yajaira Castro de Forero, y exfuncionaria de la Policía Metropolitana (eliminada en 2010), expuso que en 2016 una protesta de presos se dio en Guarenas. Allí el director policial le explicó que tenía a todo su personal custodiando a los reclusos, porque eran un riesgo para ellos mismos.

Rodríguez aseguró que el hacinamiento en estos sitios llega a 313%. Advirtió que hay comisarías en las que supera el 800%.

“Aquí no hay que buscar que los CDP mejoren su estructura, que la amplíen. Tampoco hay que pedir que abran más. Lo que hay es que cerrar el chorro, detener el incremento de la población. La privativa de libertad es una excepción. Si el Estado adoptara mecanismos de sanción apegados a los derechos humanos, no tendríamos hacinamiento”, precisó Rodríguez.

Notiespartano/NoticiasAlDíayLaHora

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