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Un gobierno que se dice obrerista no hace lo que hizo este gobierno, por Morel Rodríguez Avila

Entre tanto error que el gobierno presidido por Nicolás Maduro ha cometido, destaca la imposición de una sola Tabla Salarial para todo el sector público. Con tan perniciosa medida el régimen, que se dice revolucionario y respetuoso del ordenamiento constitucional vigente, abiertamente desconoce los distintos contratos y/o convenciones laborales existentes. Esos triunfos y victorias, que así lo han sido, resultado de la lucha permanente del movimiento sindical venezolano por conseguir mejores condiciones de vida, representadas en el salario y los distintos bonos o primas que, por ser permanentes, forman parte definitiva del llamado salario integral, no puede ser mancillado, desconocido e irrespetado..

Esta conducta del actual gobierno, que se dice revolucionario y obrerista, viene a ratificar su interés de silenciar, boicotear o anular las elecciones sindicales en todo el sector oficial. Es público y notorio que las promueve apenas cuando las condiciones le favorecen, o cuando la argumentación del CNE, que al final del proceso es quien decide la fecha para realizar los comicios o aceptar aquélla junta directiva del sindicato que más agrade al régimen.

A la fecha han desaparecido cientos de sindicatos que hacían vida en el sector público y privado. Ahora, finalmente el gobierno se ha quitado la careta obrerista para perfilarse abiertamente como violador del ordenamiento jurídico existente.

La medida de establecer y aprobar una sola Tabla Salarial, es el desconocimiento más flagrante de los distintos contratos que por su naturaleza, antigüedad de los mismos y  las formas desarrolladas en dichas conquistas, tenían todo respaldo legal. Además, viola el artículo 898 de la Constitución donde expresamente se establece que “el trabajo es un derecho social y gozará de la protección del Estado”, al mismo tiempo que lo obliga a disponer lo necesario para mejorarle a los trabajadores las condiciones materiales, morales e intelectuales.

Los principios que sustentan el contenido del precitado artículo sobre la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales, igualmente subrayan que en las relaciones laborales prevalecerá la realidad sobre las formas o apariencias. Siendo así, surgen entonces las preguntas: ¿Por qué el Ejecutivo Nacional trata de hacer caída y mesa limpia con todas las convenciones colectivas del sector público de manera inconstitucional? ¿Será para corregir el grave error de cálculo cometido con los sueldos del sector público en las recientes medidas económicas dictadas? ¿Buscará con ello eliminar al sector sindical que dentro del oficialismo ha venido manifestando inconformidad, tanta que provocó el cambio de titular en el despacho de Educación, por manifestar posición contraria a la de la directiva del partido de gobierno?

Resulta necesario recordarle al presidente que los derechos laborales son irrenunciables, siendo nula toda acción, acuerdo o convenio que implique su renuncia o menoscabo. Y que en caso de duda se aplicará lo más favorable al trabajador.

Esto es pertinente destacarlo por cuanto en la aplicación de esta tabla única de salarios para el sector público en todos los niveles, el ajuste será hacia abajo y no lo contrario. ¿Será esto el socialismo puro que predica el régimen?

Todo acto contrario a la Constitución es nulo y no genera efecto alguno. Además, la misma prohíbe cualquier tipo de discriminación por razones de política, edad, raza o credo o por cualquier otro tipo de condición.

Agreguemos que el su artículo 91 nuestra Carta Magna establece que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales, dejando perfectamente en claro que los ajustes anuales del salario deben hacerse tomando en cuenta el costo de la canasta alimentaria.

El gobierno de llamado socialismo del siglo XXI, aparte de hacer todo lo contrario y despojarle al trabajador su poder de compra, está negando lo expresado en el artículo 96 del Texto Mayor, donde se expresa que las trabajadoras y los trabajadores del sector público y privado tienen derecho a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenios os de trabajo.

Así que los sindicatos afectos al proceso revolucionario tienen la oportunidad de demostrar su compromiso con la clase trabajadora que dicen representar, aliándose con los sindicatos opositores para defender los derechos y beneficios logrados a través del tiempo, o poner en práctica, con toda propiedad, el artículo 97 de la Constitución Nacional mediante el recurso del llamado a huelga, cumpliendo por supuesto con todos los procedimientos de ley. Y principalmente no olvidar que el movimiento sindical venezolano siempre estuvo proactivo en la defensa de la libertad y de la democracia.

@MorelRodríguezA

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