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Juramentación de los gobernadores ante la Constituyente, por José Ignacio Hernández

La ilegítima y fraudulenta asamblea nacional constituyente aprobó un “Decreto” por medio del cual dispone que todos los gobernadores electos el pasado 15 de octubre deben juramentarse ante ella como condición indispensable para ejercer sus cargos. Además, “prohibió” a los consejos legislativos tomar ese juramento, advirtiéndose que los gobernadores que se abstengan de juramentarse ante ella serán “removidos”.

Esta acción no es más que parte del fraude continuado con el cual se desvirtuó la voluntad de los electores en las elecciones del pasado 15 de octubre de 2017, como explico de inmediato.

1.- El fraude electoral continuado

Luego de los resultados del 15 de octubre de 2017, la comunidad internacional, la oposicióndemocrática venezolana y la Asamblea Nacional, denunciaron que tales resultados eran consecuencia del fraude cometido por el gobierno para facilitar la elección de 18 gobernadores oficialistas.

¿Hubo en realidad fraude?

Las elecciones del 15 de octubre, parafraseando una obra de García Márquez, bien pudieran haber sido resumidas como la “crónica de un fraude anunciado”. Como pude explicar aquí, esas elecciones incumplieron las condiciones básicas que garantizan la integridad electoral, esto es, la existencia de elecciones libres y transparentes. Todos los vicios del corrupto sistema electoral venezolano quedaron así en evidencia.

La convocatoria tardía de las elecciones regionales, la modificación del objeto y fecha de las elecciones, el cambio del cronograma electoral, la eliminación del derecho de sustitución de candidatos, las inhabilitaciones a políticos y organizaciones políticas, las modificaciones sobrevenidas al registro electoral, el abuso en la utilización de medios y fondos públicos durante la campaña, la arbitraria modificación de centros electorales, así como las denuncias en cuanto al indebido funcionamiento de ciertos centros con hechos de violencia y coacción, son solo algunos de los elementos que permiten calificar la existencia de un fraude continuado.

En el caso del estado Bolívar, además de todo lo anterior, se han formulado denuncias sobre la alteración de las actas electorales para simular un resultado favorable al candidato oficialista. Una auditoría integral pudiera arrojar nuevas luces sobre posibles inconsistencias en los otros resultados.

Todos esos vicios son resultado de un sistema electoral que no ofrece las garantías mínimas para asegurar elecciones libres, transparentes y confiables, situación que comienza desde la ilegítima composición del CNE, pues sus rectores fueron designados por la Sala Constitucional usurpando funciones de la Asamblea Nacional. Pero las irregularidades no se acaban allí: se extienden a cada detalle de los procedimientos electorales, incentivadas por un indebido marco regulatorio que fomenta la arbitrariedad del Poder Electoral.

2.- El desconocimiento de la elección de los cinco gobernadores de oposición

Esto es importante aclararlo pues la decisión de la ilegítima constituyente de exigir la juramentación de los gobernadores ante ella, no es más que la continuación del mismo proceso de fraude.

En efecto, como expliqué en Prodavinci, la Ley de Elección y Remoción de Gobernaciones y las Constituciones de los estados claramente señalan que los gobernadores electos prestarán juramento ante los consejos legislativos, y si no se pudiera, ante el Juez. La constituyente no puede tomar juramento alguno. Primero, porque es un órgano de facto, fraudulento e ilegítimo. Segundo, porque el procedimiento de la juramentación de los Gobernadores electos está reglamentado con claridad en Leyes vigentes.

Sin embargo, invocando sus “poderes supra-constitucionales”, esta constituyente obligó a todos los gobernadores electos a juramentarse ante ella. Los candidatos oficialistas aceptaron tal orden, pero los cinco gobernadores de oposición que resultaron adjudicados se han negado a ello, alegando –con toda razón– que la ilegítima constituyente no puede tomar juramento alguno.

Si la ilegítima constituyente insiste su “Decreto”, es más que probable que decida que, ante la falta de juramentación, los gobernadores electos incurrieron en una falta absoluta, todo lo cual permitiría a los Presidentes de los consejos legislativos asumir temporalmente el cargo de Gobernador mientras se organiza una nueva elección, aplicando el procedimiento de falta absoluta usualmente previsto en las Constituciones de los estados. Eso es lo que, según ciertas denuncias, ya sucedió en Táchira.

Ello no sería más que la continuación del fraude electoral. Ni los Consejos Legislativos ni la “ANC” pueden declarar la falta absoluta, pues los Gobernadores electos están plenamente capacitados para ejercer el cargo. Si no se han podido juramentar es por una causa no imputable a ellos, a saber, la ilegítima decisión de los Consejos Legislativos de no tomar el juramento, siguiendo la orden de la “ANC”.

Si los Consejos Legislativos y los Jueces se niegan a tomar juramento, entonces, los Gobernadores deberían quedar relevados del deber de prestar juramento o en su caso, podrían juramentarse ante la Asamblea Nacional, aplicando analógicamente el procedimiento diseñado para elecciones presidenciales. Pero en modo alguno podría declararse la falta absoluta por ausencia de juramentación por causas no imputables a los gobernadores.

Por lo tanto, declarar la falta absoluta de los gobernadores electos será un golpe en contra de esos gobernadores y de los electores que, pese al fraude continuado, lograron expresar su voluntad.

3.- ¿Y ahora qué?

El fraude continuado en las elecciones regionales, junto al intento de la ilegítima constituyente por desconocer la elección de gobernadores de oposición invocando su poder supremo y absoluto, hacen que muchos se planteen la pregunta acerca de qué pudiera pasar, especialmente tomando en cuenta la posible convocatoria a elecciones municipales y de consejos legislativos para el próximo diciembre.

Por lo pronto, hay al menos tres aspectos que deben tenerse en cuenta.

El primero de ellos es que Venezuela no tiene un sistema electoral transparente, libre y confiable, con lo cual, la corrupción y el fraude estarán presentes en toda elección que se realice, sin importar el grado de participación y los controles que puedan implementarse desde la sociedad civil. Esa corrupción impide además que los resultados puedan ser revisados por una instancia independiente.

Lo segundo es que la corrupción del sistema electoral venezolano es estructural. Por lo tanto, para sanear ese sistema hace falta mucho más que la sola designación de los rectores del CNE.

Por último, y en tercer lugar, si el sistema electoral tolera algún resultado favorable a la oposición, este resultado rápidamente será desconocido por la ilegítima asamblea nacional constituyente.

Luego de la experiencia del 15 de octubre, estos tres aspectos condicionarán toda elección inmediata en Venezuela.

José Ignacio Hernández G/ProDavinci/@ignandez

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