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Las implicaciones de la Declaración de Lima sobre la crisis en Venezuela, por Mariano de Alba

17 países de la región se dieron cita en la ciudad de Lima para tratar la grave situación que vive Venezuela. Al encuentro acudieron 14 cancilleres y representantes de menor rango de otros tres Estados. Finalizada la reunión, 12 países emitieron un documento (la Declaración de Lima) donde, entre otras cosas, ratifican el desconocimiento a la fraudulenta Asamblea Constituyente, la legitimidad de la Asamblea Nacional y la Fiscal Luisa Ortega Díaz y acuerdan seguir de cerca el desarrollo de la crisis venezolana.

Al tratarse de una declaración fuera del ámbito de una organización internacional, los países que la suscriben no están obligados a tomar medidas concretas para ejecutarla. Esto sigue dependiendo de la voluntad política que mantengan esos países para ejecutar lo acordado y tomar otras medidas concretas como podría ser el retiro de embajadores o la imposición de sanciones.

Las implicaciones de la Declaración

1. La Declaración ratifica que el papel de la comunidad internacional no es solucionar la crisis, sino “contribuir”. Según el criterio de los 12 países, esto supone una “salida pacífica y negociada” que permita la “restauración de la democracia” en Venezuela. Este preámbulo es importante pues ratifica que la región no busca ni tiene las herramientas para resolver unilateralmente la crisis, ya que esto depende esencialmente de los actores internos. Sin embargo, sí existe una disposición a asistir en la búsqueda de una solución.

2. El documento confirma la ruptura del orden democrático en Venezuela, una determinación tomada por los países del Mercosur el 1ro. de abril y por al menos 17 países de la OEA el 3 de abril. En consecuencia, de manera conjunta los países corroboran su decisión de no reconocer la fraudulenta Constituyente ni los actos que emanen de ella, respaldando la legitimidad de la Asamblea Nacional y la Fiscal General Luisa Ortega Díaz. Esto no significa un desconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro, sino únicamente a la Constituyente y los actos que de allí emanen. Por ende, si la Constituyente llegara a suplantar a los Poderes ya constituidos, esos nuevos Poderes muy probablemente no serían reconocidos.

3. Como consecuencia del reconocimiento de la legitimidad de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015, por primera vez 12 países establecieron de forma expresa que “los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional, sólo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado”. Se trata de una determinación crucial que podría eventualmente afectar la firma de contratos y préstamos, tal y como lo confirmó el canciller de México en la rueda de prensa posterior. Sin embargo, esto no significa que se están reconociendo a la Asamblea Nacional como gobierno o que el régimen de Nicolás Maduro está imposibilitado de suscribir cualquier contrato o asumir cualquier tipo de deuda con los países que suscribieron la Declaración. Tal y como ha explicado el profesor José Ignacio Hernández aquí en Prodavinci, “el principio general en el Derecho Constitucional venezolano es que el Gobierno puede dictar actos y celebrar contratos sin necesidad de contar con una autorización previa de la Asamblea Nacional”. En consecuencia, se trata de una decisión que deberá darse caso por caso, pero que bien podría reducir el margen de acción del régimen.

4. La Declaración también condena la “violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, ratificando la determinación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quién también denunció “el uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva” contra miles de manifestantes. Este elemento de “sistematicidad”, ratificado ahora por una autoridad siempre cautelosa como Naciones Unidas, aumenta las probabilidades de que al menos algunos países de la región terminen por remitir la situación en Venezuela a la Corte Penal Internacional, y que su Fiscalía comience una investigación contra los más altos responsables de crímenes de lesa humanidad en el país.

5. Los 12 países que suscribieron la Declaración también resaltaron su “preocupación por la crisis humanitaria” y condenaron al gobierno de Nicolás Maduro “por no permitir el ingreso de alimentos en apoyo al pueblo venezolano”. Esto confirma que el único impedimento para el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela continúa siendo la negativa del régimen, a pesar de que países como Perú, Colombia y Estados Unidos han manifestado estar listos para enviar alimentos y medicinas.

6. Por otro lado, la Declaración apoya “continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela”, lo que representa un apoyo simbólico a las gestiones que ha venido realizando el Secretario General, Luis Almagro, en la OEA. Sin embargo, sigue pareciendo poco probable que la OEA vaya a lograr alguna decisión con respecto a Venezuela, especialmente si se tiene en cuenta que la única medida concreta que se podría aplicar –conforme a la Carta Interamericana– sería la de suspender a Venezuela del organismo para lo que se requiere una mayoría calificada de 24 países.

7. Este grupo de 12 países, a los que se le podrían sumar otros en las próximas semanas, están también dispuestos a aumentar el aislamiento internacional del régimen de Nicolás Maduro. Para ello, decidieron “no apoyar ninguna candidatura venezolana en organizaciones internacionales” y solicitar “la postergación de la Cumbre CELAC-UE” prevista para el mes de octubre. La intención es no convalidar simbólicamente la legitimidad de la fraudulenta Constituyente, conviviendo con la presencia de Nicolás Maduro o funcionarios del régimen en un evento internacional como si no hubiese una ruptura del orden democrático en Venezuela.

8. Por otro lado, la Declaración también hace un llamado a los países que han mantenido comercio de armas con Venezuela (como China, Rusia, Estados Unidos, España, Austria y Holanda) a “detener la transferencia de armas hacia Venezuela” y a tomar en cuenta las disposiciones del Tratado sobre Comercio de Armas. Esto es una clara referencia a la prohibición contenida en ese tratado a transferir armas cuando se tiene conocimiento que podría ser utilizadas para cometer crímenes de lesa humanidad o ataques dirigidos contra personas civiles o bienes de carácter civil, tal y como ha sido el caso durante las manifestaciones de los últimos meses.

9. Finalmente, la Declaración manifiesta un “compromiso de mantener un seguimiento de la situación de Venezuela, a nivel de Cancilleres, hasta el pleno restablecimiento de la democracia” en Venezuela. Para esto, se espera que haya una nueva reunión en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, donde podrían sumarse más países. Previsiblemente, a este grupo se podría unir Estados Unidos y quizás algunos países de Europa que han dejado claro que su objetivo es apoyar una “negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes” y que permita el retorno de la democracia a Venezuela.

La reunión paralela del ALBA en Caracas

Para contrarrestar el impacto de la reunión de 17 países en Lima, el régimen de Nicolás Maduro convocó a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). En primera instancia, la reunión dejó entrever el reducido apoyo del régimen en la región, visto que en esa organización hacen vida 12 países, entre los que destacan Cuba, Nicaragua, El Salvador, Ecuador y algunos países del Caribe. El documento emanado de esa reunión reconoce la jornada electoral del 30 de julio y condena la imposición de medidas contra funcionarios del régimen venezolano y eventuales sanciones económicas.

El punto más notable del documento es la ratificación del apoyo a la iniciativa de los Jefes de Gobierno de los países del Caribe que son parte del Caricom, quiénes actualmente están tratando de concretar un nuevo esfuerzo de diálogo en Venezuela. La iniciativa cuenta con el apoyo del gobierno y busca la participación de la oposición y otros países de la región. Por tal razón, un representante de Granada, país que actualmente detenta la presidencia temporal del Caricom, también estuvo presente en la reunión en Lima. Asimismo, durante su intervención en la reunión, Nicolás Maduro pidió un diálogo con países como México, Argentina y Colombia, lo que se ha concretado con una convocatoria a los embajadores en Venezuela de los 12 países que suscribieron la Declaración de Lima a una reunión en la cancillería venezolana.

Los países del Caribe reconocen que para que el esfuerzo sea creíble, deberá contar con el apoyo de los países que se reunieron en Lima. No obstante, desde el punto de vista de los 12 países que suscribieron la Declaración y la oposición venezolana, un nuevo intento no pasa únicamente ya por definir quiénes acompañarán un eventual proceso sino por demostraciones concretas por parte del régimen –desmontar la Constituyente, liberar a los presos políticos, reconocer a la Asamblea Nacional y abrir un canal humanitario– de que efectivamente está dispuesta a buscar una salida negociada. Hasta tanto ello no ocurra, será muy poco probable que las nuevas iniciativas logren concretarse.

Los próximos pasos en la comunidad internacional

La Declaración de Lima es un hito que confirma la disposición de una buena parte de los países de la región a concretar el aislamiento del régimen de Nicolás Maduro luego de la imposición de la fraudulenta Constituyente. La preocupación internacional existe y continuará, evidenciada en reuniones y declaraciones de este tipo que buscan ejercer presión para que haya un cambio de actitud y rumbo por parte del régimen.

No obstante, vista la disposición de radicalización que demuestra el gobierno venezolano, lo más probable es que buena parte de los países de la región se vean obligados a avanzar con medidas diplomáticas unilaterales, así como sanciones a funcionarios del régimen y eventualmente posibles sanciones económicas. Esto reduciría la capacidad de gobernar del régimen, pero no constituye una garantía de un cambio político.  Al final, tal y como lo reconocen indirectamente los países que suscribieron la Declaración de Lima, lo crucial serán los esfuerzos que se concreten internamente para buscar una salida a la crisis que vive Venezuela.

Mariano de Alba/ProDavinci

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